Parece mentira que después de tantos años, que digo años, lustros e incluso siglos, España siga siendo un país tan singular, para lo bueno y para lo malo. Con una población superior a los 47 millones de personas, mantenemos la curiosa cifra de más de 3 millones de funcionarios mientras que otros países europeos con el doble de población, Alemania sin ir más lejos, tenga únicamente millón y medio. No quiero decir nada con esto pero por lógica cualquier trámite ante la administración debería ser mucho más rápido dentro de nuestras fronteras que fuera. Pues no.
Ya lo plasmó el genial escritor Mariano José de Larra a principios del siglo XIX en su obra VUELVA USTED MAÑANA y otros artículos políticos. En el artículo que lleva el mismo nombre se cuenta como un acaudalado francés viene a nuestro país a invertir su fortuna con la condición de que su tramitación administrativa sea en el menor tiempo posible y el hombre, ya advertido por el propio Larra y después de varios meses, decide volver a su país totalmente desengañado y harto de trabas de todo tipo (Vuelva usted mañana y otros artículos, pag. 15). Yo me limitaré a contarles mi caso.
Como me considero una persona honesta y cumplidora con la ley, he decidido regularizar a una empleada del hogar a partir del 1 de enero de 2012 siguiendo las obligaciones impuestas por el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Pues bien, me dirigí previamente a la delegación de la Seguridad Social sita en la calle J.A. Bueno s/n de nuestra ciudad y un amable funcionario me indicó toda la documentación necesaria para dar de alta a esta persona y así contribuir a evitar cualquier tipo de situación fraudulenta con la administración española, siguiendo las últimas recomendaciones de la superministra portavoz Doña Soraya Saenz de Santamaría en el consejo de ministros del día de hoy.
Pues bien, con toda la documentación preparada y firmada esta mañana, nos hemos dirigido mi mujer y yo de nuevo a dicha oficina y otro amable funcionario nos ha especificado que esta persona al ser de nacionalidad rumana (recordemos, ciudadana perteneciente a la Unión Europea) necesita previamente un permiso de trabajo por no estar dada de alta en la Seguridad Social y a pesar de tener su permiso de residencia desde 2007. Debe solicitarlo ella en Extranjería con un precontrato de sus futuros empleadores previo pago de 190 euros (nosotros) y como resultado esperar en el mejor de los casos varias semanas e incluso meses para obtenerlo, si no nos lo deniegan antes al elegir un contrato a tiempo parcial, que es lo único que nos podemos permitir. ¿COMOOOOOL? O sea, que nosotros le estamos diciendo a la propia Administración que queremos contratarla (plasmado en un contrato perfectamente detallado), que vamos a pagar más de 100 euros al mes a la Seguridad Social desde hoy para así contribuir a las maltrechas arcas españolas y nos mandan de vuelta a casa porque no tiene este permiso. Pero es más, nos dicen que si esta ciudadana rumana estuviese casada (independientemente de si su marido es senegalés, francés, español o rumano) no hubiese hecho falta dicho permiso, que por cierto, a eso lo llamo yo discriminación propia de otras épocas.
¿A qué en el fondo nos va la marcha? A ver si es que en este país tenemos que justificar 3 millones de funcionarios para mantener toda esta "mierda" de trámites y así justificar una megaestructura ineficiente y descomunal soportada por los ciudadanos. Quizás al final no nos dejan otra opción que seguir fomentando la economía sumergida como parte de nuestra idiosincrasia. ¿Pero qué tipo país es éste Sres. Tojo, Méndez y Báñez? ¿Qué puedo hacer?
Pues eso, que vuelva usted mañana.
